Por Oscar Tenreiro / 07 de junio de 2007
Por estos días abre el gobierno un nuevo Museo: el Museo de Arquitectura. No tenemos demasiado claras las metas, objetivos, recursos etc. con los que contará esa institución, pero sabemos que la dirige un Profesor Jubilado de la UCV, Juan Pedro Posani, quien goza de prestigio en el ambiente; y que ha comenzado su actividad buscando como colaboradores a otros profesionales igualmente prestigiosos, como es el caso del Arq. Domingo Alvarez.
Dejando de lado las buenas intenciones de Posani o las destrezas profesionales indiscutibles de Alvarez, vale la pena discutir no tanto sobre lo que el Museo quiere ser sino sobre lo que el Museo podría, o puede, ser. Digamos en ese sentido que si al crearlo se busca, como se ha dicho en privado, abrir un espacio para la discusión sobre arquitectura (y por supuesto sobre la ciudad), habría que preguntarse si eso incluye un examen crítico sobre la postura del gobierno en sus diferentes niveles en relación al ejercicio de la arquitectura.
Examinar por ejemplo si se podrá hablar de que en los ocho años del actual régimen no ha habido sino un par de concursos y de que los contratos de arquitectura se otorgan no por méritos sino por fidelidad política o neutralidad. Si se podrá cuestionar que se aporten quince millones de dólares a una película de un gris actor de la meca del cine que quiere ser director, mientras obras de arquitectura del gobierno carecen de presupuesto. Si se podrá preguntar la razón de que a los arquitectos empleados en el Taller Caracas de la Alcaldía Mayor se les pida firmar una “carta de confidencialidad”, para que no revelen lo que allí se hace. Si se podrá cuestionar el procedimiento de contratar a constructoras o consultoras para construir los estadios de la Copa América, dejando a su decisión la búsqueda de arquitectos, sean o no personas con credenciales suficientes. Si se podrá preguntar porqué desde el más alto nivel de la cultura se considera “ser revolucionario¨ un mérito relevante a los efectos de recibir un encargo de arquitectura, o invitar al funcionario en cuestión para que se explique. Si se podrá denunciar el insólito inmovilismo de casi diez años en relación al rescate urbano del litoral de Vargas. Si se podrá decir que los módulos de Barrio Adentro no son sino unos ranchos mejorados. Si se podrán analizar libremente las carencias de la reciente Ley de Vivienda y la baja calidad de la arquitectura oficial para la vivienda que se está construyendo. Si se podrá señalar como una grave falta el hecho de que el Estado siga negándole a los arquitectos, como en tiempos de la Cuarta, el derecho de ser directores técnicos de las obras por ellos proyectadas, un principio practicado en todos aquellos países con un movimiento arquitectónico vigoroso.
Y así podríamos seguir, enumerando aspectos de la acción gubernamental que fueron muy denunciados en tiempos de la Cuarta por algunas de las personas que hoy son altos y medios funcionarios del régimen y hoy callan.
Es claro que no necesitamos esperar a que los directivos del museo nos contesten esas preguntas y nos inviten a concurrir a sus debates. Sabemos de sobra, porque lo han demostrado las acciones de este régimen y lo dice insistentemente su Gran Conductor, que no habrá libertad de discusión. O que se simulará. Recordemos: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y la consigna habrá de seguirse, no hay ningún “hablar suave” como el que hasta hoy se practica desde la dirección del museo, que pueda contrarrestar el enorme ruido de las declaraciones y arengas del Supremo Líder. Habrá por supuesto unos cuantos, tal vez muchos, que decidan creer que las buenas intenciones pueden ser suficientes para hacer frente a la forma despiadada con la que se defiende la exclusión. Allá ellos, decimos. Uno puede admitir la ingenuidad, pero no la tontería.
Hemos insistido por años en que sólo con un ejercicio ampliamente democrático puede desarrollarse un debate sobre arquitectura capaz de influir en los hábitos, métodos, instrumentos y formas de construir la ciudad. Sobretodo en un país con la realidad económica nuestra y con instituciones privadas tan débiles o inexistentes. A causa de esa realidad y esa debilidad, en Venezuela es el Estado quien mejor puede promover una arquitectura de contenido cultural sin imposiciones previas impuestas por el lucro o la conveniencia arbitraria. El Estado tiene los mecanismos para asumir su rol de constructor de las sedes institucionales (hospitales, teatros, bibliotecas, museos, escuelas, cárceles etc.) buscando en el sector profesional de mayor capacidad profesional, sean jóvenes o menos jóvenes, mediante mecanismos de selección de distinto tipo, tal como hoy se hace en todas las grandes democracias del mundo. Y también, gracias a su poder económico, está en capacidad de promover en el sector privado formas de actuar y garantizar el principio de responsabilidad ante la ciudad. Si el ejemplo se da desde el Poder Central o los Poderes Locales se va creando un patrimonio que progresivamente se convertirá en tradición. Es así como se va definiendo un territorio que contribuirá al desarrollo de un movimiento arquitectónico apoyado en la diversidad de talentos que, lo ratificamos una vez más, sabemos que existen en nuestro país. Eso no sucederá bajo este régimen. Hasta ahora sólo ha sido desde los nichos de Poder Local en manos de la oposición política, desde donde se han creado unos pocos (¡muy pocos!) precedentes que apuntan en la dirección correcta.
Una vez oímos decir a Posani, que la tragedia de la arquitectura venezolana era la de que los buenos arquitectos no tenían trabajo. ¿Lo seguirá diciendo hoy desde su cargo? ¿Defenderá el derecho de esos “buenos arquitectos” para hacer la arquitectura? ¿O deberá resignarse ante las múltiples muestras de que la situación sigue siendo la misma de cuando pronunció su frase?
Entre 1923 y 1925 Walter Gropius construyó la Bauhaus en Dessau, Así lucía en 2005. En la foto arriba, también de 2005, se muestra el Auditorio.