Oscar Tenreiro / 1 de Febrero 2014
Luego de la experiencia de la nueva escala con Parque Central y Bantrab, viene para la Ave. Bolívar, de nuevo, un tiempo de parálisis con irrupciones esporádicas marcadas por la improvisación. Que le dieron arraigo a la idea de que los terrenos disponibles y en particular los del lado Norte estaban a la mano para cualquier decisión ajena a una visión de conjunto. Siempre olvidando el resto de la ciudad, omisión que lleva a apreciar de modo más justo el valor de las ideas de Cipriano Domínguez en 1949.
En la Administración del Presidente Carlos Andrés Pérez entre 1973 y 78, se prestó atención sobre todo a la terminación de las grandes torres de oficinas de Parque Central sin que hubiese otro tipo de propuesta diferente a considerar el Eje vial como la ruta que seguiría desde la Plaza O’Leary un sistema de transporte elevado (bautizado como el Aerocarril) que el empresario Enrique Delfino, vinculado también al financiamiento de Parque Central, quería venderle al Presidente Pérez como sustitución del Metro de Caracas, que ya había comenzado a construirse con la apropiación de derechos de vía y las primeras estaciones de superficie en el lado Oeste de la ciudad.
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Fue en el período siguiente, con el Presidente Herrera Campins, cuando, aparte de terminarse el Teatro Teresa Carreño, comenzado casi diez años antes, se tomaron algunas decisiones. Una de ellas, de particular importancia, fue la de encargarle al Arq. Carlos Gómez de LLarena (1939) el proyecto de lo que debía ser el Palacio de Justicia de Caracas, como resultado de algunas ideas en relación a la ciudad que fueron promovidas ante el gobierno por un grupo de arquitectos unidos en torno a una institución de carácter gremial-cultural con el nombre de Instituto de Arquitectura Urbana (IAU), en cierto modo calcada del IAUS (Institute for Architecture and Urban Studies) que funcionaba en Nueva York por esos tiempos y disfrutó de un considerable éxito.
El grupo hizo de la exploración de ideas de Diseño Urbano para distintas zonas de la ciudad, su actividad preferencial. Lo hacían con el objetivo de suscitar el interés, particularmente del Centro Simón Bolívar y de la Gobernación del Distrito Federal, instituciones donde tenía un buen poder de decisión (era miembro de la Directiva del Centro Simón Bolívar y alto ejecutivo de la Gobernación) el Arq. Francisco Pimentel Malaussena, a quien ya he mencionado en el curso de esta crónica. Pimentel se abrió hacia este grupo promoviendo un diálogo sobre la ciudad de carácter muy fructífero y de allí dependieron algunas realizaciones promovidas por el Centro Simón Bolívar, entre las que destacan lo que se llamó el Boulevard de Catia en el Oeste de la Ciudad y el Palacio de Justicia que comento ahora.
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La propuesta del Palacio de Justicia nace parcialmente de los problemas de deterioro y adecuación estructural de los edificios de Ron Pedrique que he llamado gemelos y que como he dicho más arriba se conocen popularmente como los edificios de Cruz Verde, adyacentes a la Plaza Diego Ibarra y las torres del Centro Simón Bolívar. Según el proyectista, en conversación telefónica de estos días, fueron problemas planteados por la refacción de las pantallas y quiebra-soles de protección solar (de asbesto-cemento, sumamente frágiles) en todas las fachadas de ambos edificios, y además la necesidad de renovarlos parcialmente y adecuar sus estructuras a las normas sísmicas, lo que impulsó la decisión de ir más allá de esos problemas hacia una solución más ambiciosa. Gómez de Llarena propone, en sintonía con las ideas asomadas desde el IAU, en primer lugar darle un uso colectivo cívico a la plaza entre los dos edificios como plaza cubierta, techada. Y además destinarlos ambos a tribunales; al Norte los civiles y al Sur los penales. Retoma pues, de modo mucho más radical, la idea de Ron Pedrique de techar la plaza intermedia, quien había propuesto en su momento (no lo realizó) hacerlo mediante un techo plegado que podemos suponer de estructura liviana, más bajo que los bordes superiores de los edificios gemelos. Diseña una bóveda metálica más alta que éstos, de medio cañón, vinculándolos; hasta convertirlos, ellos y la bóveda, en un sólo volumen, adosándoles dos estructuras de concreto que funcionan como una sola fachada hacia el Este y el Oeste. También según el arquitecto en la misma conversación, la cual me recordó una ya muy lejana, breve, con el ingeniero a cargo de la estructura Andrés Prypcham, las fachadas proporcionan la rigidez exigida por las normas sísmicas mediante la utilización de cables que las postensan longitudinalmente, convirtiendo a los distintos cuerpos de cada edificio (tres, separados por juntas) en un solo bloque. Albergan además estas fachadas una serie de servicios técnicos y parte de la circulación.
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Ambos edificios convertidos en uno solo con el espacio cubierto entre ellos, llamaron podría decirse, a considerarlos como el monumento que remataba la Avenida viniendo de su extremo Este. De hecho, la bóveda y las fachadas interrumpen la fuga de la vista hacia las torres y el Bloque Uno de El Silencio, un aspecto controversial respecto al cual quien esto escribe se pronunció negativamente y que hoy considero suficientemente justificable sobre todo si se toma en cuenta que la Avenida desaparece debajo de esos edificios y sólo emerge de nuevo en la Plaza O’Leary frente al Bloque Uno de El Silencio.
El Palacio de Justicia se convierte así en punto de fuga monumental en el extremo Oeste de la Avenida Bolívar. Comenzó a construirse en 1983 a fines del período del Presidente Herrera Campins, las obras continuaron parcialmente un par de años más y finalmente se paralizaron hasta hoy. Casi treinta años de parálisis a pesar de la acuciante necesidad de mejorar las facilidades de los tribunales, inexplicablemente mantenida durante los últimos quince años de autoritarismo y sobreabundancia de dinero.
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El proyecto del Palacio de Justicia abrió un período en el cual Gómez de Llarena tuvo una importante participación en lo que debía hacerse en la Avenida Bolívar. Lo examinaremos la próxima semana y entretanto mencionamos una decisión que confirma lo que escribí en una de las entradas anteriores sobre el lado Norte de la Avenida como una especie de colcha de retazos.
Me refiero a la decisión, tomada (según he podido suponerlo a base de los datos a la mano) a fines del primer período de gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-78), de construir a la altura del Parque Carabobo y el Liceo Andrés Bello la sede de la Contraloría General de la Nación, que fue proyectada por el Arq. Beltrán Alfaro Garantón (1937-2006). Su construcción debe haber comenzado en 1978 y se concluyeron todos los sótanos del edificio para después paralizarla. A título de anécdota refiero haber visto una perspectiva del proyecto gracias a mi cercanía con Alfaro en esos años.
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Culmino el capítulo de hoy con una referencia de tipo anecdótico que sin embargo ilustra la ausencia de continuidad y la incoherencia de las situaciones propiciadas por la realidad política en la historia de la Avenida Bolívar. Me baso para ello en el testimonio verbal del proyectista del Palacio de Justicia quien me narra un episodio que desconocía.
El cambio de gobierno derivado de las elecciones de Diciembre de 1983, en las cuales resultó vencedor quien sería el Presidente Jaime Lusinchi (1924) estuvo acompañado como siempre en los cambios anteriores de partido de gobierno, por una especie de purificación que surgía de la idea de que todo lo actuado en el período anterior debía ser corregido. Funcionaba un esquema de opinión que veía al nuevo período en manos del partido A como una suerte de liberación de los malos manejos del partido saliente B. Y se procedía entonces a corregirlos, lo cual inevitablemente se veía como comenzar de nuevo. Así ha vivido Venezuela, con todo lo absurdo que pueda ser, su proceso democrático, tendencia que ya se anunciaba cuando en Octubre de 1945, en un Golpe de Estado que involucró a un partido democrático en conexión con sectores militares, se habló de La Revolución de Octubre (el mismo nombre de la Gran Revolución Rusa) y se pretendió iniciar una etapa novísima y definitiva (que duraría dos años) que condenaba todo lo anterior, llegándose por ejemplo a someter a juicio a personas como Arturo Uslar Pietri (1906-2001), un juicio por peculado injusto inspirado en el hecho de que el escritor venezolano, uno de nuestros más selectos intelectuales, había desempeñado un papel importante en el gobierno derrocado. Y así fue en lo sucesivo. Las realizaciones de la dictadura de Pérez Jiménez (1948-58) se condenaban por asunto de principios, casi en bloque, cometiéndose por ello grandes errores; y posteriormente todo cambio de partido de gobierno se intentó presentar, no importaba cual partido lo hiciese, como el inicio de una etapa nueva.
Eso sucedió en 1983 cuando el gobierno que iniciaba Jaime Lusinchi optó por execrar a todo aquel que había tenido participación en el gobierno de Luis Herrera. Una actitud, esa de reiniciar siempre, que es posible decir con todo énfasis, que fue el abono para el drama político que vive Venezuela hoy.
Y fue precisamente al iniciarse Lusinchi, me lo narra Carlos Gómez de Llarena, que un urbanista de trayectoria, hombre serio y confiable por lo demás, Víctor Artís (1935) planteó en los primeros meses de esa Administración, desde su cargo de Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio correspondiente, la tesis de que la Ave. Bolívar debía desaparecer y que la alimentación vehicular del centro de la capital debía hacerse a través de dos autopistas, la del Este y la llamada Cota Mil, que corre a lo largo de la serranía del Avila. La calzada de la Avenida y los terrenos adyacentes, serían entonces convertidos en un Parque, que se integraría al Parque Los Caobos. Un radicalismo que prescinde de la tradición inmediata, y se presenta como renovación, como descubrimiento.
Y de eso hemos tenido bastante, sin duda.
(Algunas de las fotos a continuación me fueron suministradas por el Arq. Carlos Gómez de Llarena. Las identifico con las siglas CGLL)
