Las Alcaldías y el cambio

El texto de hoy es en realidad una afirmación del grado de atraso en el que están las cosas en Venezuela. En un medio avasallado por los lugares comunes de una visión política atrasada y sobre todo antidemocrática, se hace necesario mencionar públicamente cosas que están presentes desde hace mucho tiempo en la gestión de la ciudad desde el Poder Público, en todas partes del mundo.

Recuerdo por ejemplo que la explicación que me hizo Oriol Bohigas del concepto «proyecto urbano» durante una entrevista que le hice en Buenos Aires que después publicamos en un pequeño libro titulado «Sobre Arquitectura», datan de mediados de 1985, hace ya casi treinta años; y todavía en Venezuela los urbanistas académicos tienen objeciones y se manejan con argumentos que tal vez circularon en España en ese tiempo pero que hoy el conocimiento de los mecanismos de actuación pública en la ciudad democrática ha dejado atrás.

Lo de las Ordenanzas de Construcción es algo muy similar. Las que se aplican aquí derivan de las que en Puerto Rico los americanos redactaron a principios de los años cuarenta del siglo pasado y las trajo a nuestro país el Planificador Urbano norteamericano Francis Violich (1911-2005) unos años después. Desde entonces se convirtieron en la matriz de todas las que se redactaron en lo sucesivo para las distintas ciudades sin que hasta hoy haya habido intenciones serias de revisión. Revisión que por otra parte es absolutamente necesaria porque es un hecho que se muestra por sí solo en un simple recorrido por la ciudad de Caracas por ejemplo, el que sólo se cumplen integralmente las ordenanzas en un pequeñísimo porcentaje. La ciudad real va por un lado y la ciudad «legal» va por otro reflejándose así un curioso rasgo de nuestra institucionalidad que es la distancia entre legislación y realidad.

Es un tema que tiene muchísimas facetas y que nos atañe a los arquitectos, a pesar de que reconozco su aridez e incluso su falta de «glamour». Hablar de estas cosas es fastidioso, sin duda; parece una discusión para burócratas…hasta que uno tiene la experiencia de pasar por una de esas oficinas de control para someterse a una prueba de hipocresía. El «revisor» lo que quiere, lo que lo obsesiona, es tener un respaldo documental (los planos del proyecto que llevarán su sello) a pesar de lo absurdo que pueda parecer exigir ciertos requisitos en el caso que se discute. Borre aquí, ponga allá, recorte esto y agregue aquello sin que importe su falta de lógica mientras que el organismo controlador tiene muy poca capacidad para velar por el cumplimiento de lo que el documento sellado establece.
Es una situación que sin duda condiciona la práctica de una arquitectura fundamentada en la racionalidad, en una lógica que supere las limitaciones normativas.

Y si bien es cierto que lo que describo ocurre en todas partes del mundo de una manera u otra haciendo siempre trabajoso el proceso de adaptarse a las normas, en nuestro país llega a extremos prácticamente surrealistas. Por eso es necesario poner un granito de arena para que se tome conciencia de la necesidad de que esa situación cambie.

LAS ALCALDÍAS Y EL CAMBIO / Oscar Tenreiro

(Publicado en el diario TalCual de Caracas el 20 de Septiembre de 2014)

Hay un cambio que es de la mayor importancia para quienes esperamos una renovación política en Venezuela: el modo de actuar de las Alcaldías. Que constituyen el nivel de Poder Público más cercano al ciudadano, porque las llamadas Comunas son subterfugios para manipular a los ciudadanos que tarde o temprano perderán sentido.

Pero hasta ahora parece que muchos de los Alcaldes elegidos con el apoyo de la oposición actúan siguiendo las modalidades heredadas del populismo. Se insiste en enaltecer la figura del Alcalde y sus obras, y como es esperable, se destaca la eficiencia en el manejo de lo rutinario; se exhiben los logros policiales, asunto básico en un país atrapado por el crimen.

Pero rara vez se habla de lo que se desea para la ciudad en términos de calidad de vida. Y cuando se hace se acude a las generalidades sobre la Planificación Urbana que se han manejado en el discurso venezolano por décadas. Muy poco se dice sobre proyectos urbanos, hoy en día mecanismos esenciales para el mejoramiento de la ciudad. Y menos se alude a los criterios que se aplicarán para el control de construcciones, la tradicional actividad de las viejas Ingenierías Municipales, tal como si allí nada debiera cambiar. Y ocurre que en estos dos aspectos debería centrarse la acción de las Alcaldías en un país cuyo principal problema es el deterioro acelerado y persistente de sus ciudades.

El proyecto urbano es un modo de actuar que se ha impuesto en todo el mundo: actuar sobre fragmentos de ciudad que funcionan como sectores delimitados (spots los ha llamado Oriol Bohigas) para desde allí producir, como irradiación, cambios cualitativos que pueden llegar a iniciar importantes procesos de cambio en el espacio público. El proyecto urbano es además una acción que encaja dentro de un período de actuación de un Alcalde (cuatro años) y que con frecuencia plantea la negociación con el sector privado, haciendo concesiones en intensidad de construcción o en usos, a cambio de aportes a la ciudad que estarían fuera del alcance de la débil capacidad económica de nuestras Alcaldías.

II
Pero hoy me quiero referir específicamente al Control de Construcciones, porque parece llegado el momento, en provecho de la sinceridad, la transparencia y la modernización de la gestión de la ciudad, de plantearse la modificación de las Ordenanzas de Construcción que se han venido aplicando en las ciudades venezolanas y específicamente en Caracas. Se haría así un balance sobre la curiosa inercia que ha llevado a repetir en toda Caracas y luego en las demás ciudades del país el modelo que sirvió de base a la primera redacción de normas en tiempos de la Comisión Nacional de Urbanismo.

El colega Victor Artís, de muy amplia práctica en los temas del urbanismo venezolano, recientemente lanzó la idea de realizar un debate sistemático sobre los resultados de mucho más de medio siglo de aplicación de esas normas, para promover modificaciones que con la perspectiva de hoy resultan indispensables.

Habría que comenzar por dejar en el pasado la tradición populista de ver al inversionista privado como un enemigo; desde el que actúa sólo en relación a su vivienda, hasta el más poderoso que construye para muchos o para el comercio. Porque es en definitiva el sector privado el que da forma a la ciudad, urdiendo el tejido urbano, dando forma a la escena construida. Sin ellos la ciudad no existiría. La inversión pública, más allá de las necesidades de infraestructura (servicios básicos y vialidad) delimita o configura el espacio público, inserta en él arquitectura institucional y en ciertos casos edifica en el tejido (a veces, como en el caso de la Misión Vivienda, ignorando a la ciudad), pero es la construcción privada lo que convierte al espacio público en lugar de intercambio social. Eso es cierto en toda ciudad democrática, socialista o capitalista.

III
Si eso es así, el inversionista debe ser estimulado, promovido, incentivado, atraído y no reprimido, controlado, vigilado, sujeto a sospecha, como ha sido tradicional desde la perspectiva populista.

Pero hay aspectos de detalle, los relativos a las Ordenanzas, que han tenido un peso muy grande en lo que se construye y en la configuración de los muros urbanos (los edificios en secuencia en torno al espacio público) de nuestras ciudades. Allí hay mucho que revisar.

Un aspecto sería el de vincular la norma a una específica concepción del fragmento de ciudad del que se trate, lo cual sería un subproducto del proyecto urbano y evitaría la ceguera de las normas actuales respecto a la forma de la ciudad. Esto requeriría, por ejemplo, que el concepto retiro admita variaciones, a veces drásticas, que son también necesarias en zonas menos densas con topografías difíciles, hoy día tratadas de modo indiferenciado. Algo similar podría decirse de los aleros, que en nuestro clima cumplen un papel esencial en el control climático. Principio que fundamentaría imponer también un estímulo a los balcones, aspecto por cierto mencionado por Artís en artículo reciente, en el que propone que no se limite su área como descuento de la superficie de construcción. El alero, el techo protector, debe ser estimulado; y el balcón promovido como espacio social de la vivienda que no es ni interior ni exterior sino espacio intermedio, un concepto esencial en la vivienda tropical.

Ahora, cuando se está, según entendemos, en proceso de redacción de las Ordenanzas del Municipio El Hatillo, políticamente controlado por una oposición que fundamenta su mensaje en una nueva manera de actuar, moderna, actualizada, abierta hacia las experiencias universales, adquiere viabilidad establecer un precedente. Esperamos que así sea.